Marco Iván Escotto Arroyo*
EL ECONOMISTA/VALORES
En la literatura y lenguaje político actual, uno de los temas más referidos es el de los poderes fácticos y su influencia sobre la gobernabilidad.
Usualmente la connotación que se les da es negativa, en el sentido de que son influencias que intervienen en las labores del gobierno sobre la sociedad y hasta cierto punto están fuera del margen del control gubernamental.
Cuando hablamos de poderes fácticos nos referimos principalmente a: empresarios nacionales e internacionales -ya sea solos o agrupados en cámaras- compañías transnacionales de gran poder económico, organismos internacionales -ONU, BID, FMI, Banco Mundial, etcétera-, sindicatos, poder religioso y medios de comunicación en general.
A lo largo de la historia estas influencias han estado presentes e incluso son anteriores al surgimiento de los estados-nación, es decir, al gobierno como lo conocemos hasta ahora.
El común denominador es que son "actores que cuentan con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos; es decir, son actores con poder de veto sobre una determinada política." Joan Oriol Prats, El concepto y el análisis de la gobernabilidad (http://www.iigov.org/revista/?p=14_08) La premisa de que los poderes fácticos actúan siempre de manera negativa me parece incorrecta y a mi consideración denota una visión errónea de cómo se logra la gobernabilidad.
En primera instancia, hay que recordar que la gobernabilidad es la cualidad -formada de condiciones y capacidades- que tiene un sistema para ser gobernable, es decir, para tomar decisiones que beneficien al propio sistema y permitan una armonía en el mismo.
La gobernanza estudia precisamente el modo en que estas condiciones y capacidades se logran, pero además, sabe que para lograr esta armonía existen varios actores que intervienen, así que estudia la interacción entre los mismos lo que permite la formulación e implementación de políticas en el menor tiempo y esfuerzo posibles.
Existen dos hechos que me parecen relevantes resaltar, el primero es la cada vez menor capacidad del Estado para tomar decisiones por sí solo para el buen funcionamiento de la economía. Con la apertura económica de los países uno de los fenómenos derivados de la globalización es que la toma de decisiones para invertir o retirar inversiones en un país no está en el mismo, sino en una diversidad de inversionistas a lo largo del mundo, que a su vez, muchos de ellos, toman decisiones basados en los indicadores de una serie de organismos internacionales con cierta independencia de los países.
Esto fuerza a los gobiernos a tener que negociar no sólo con los actores internos sino con otros países y empresas transnacionales en esos países, mejorando el ambiente de negocio para la atracción de inversión. El beneficio económico para la población se verá reflejado si el gobierno el cual eligió tiene las cualidades y competencias necesarias para saber mantener un equilibrio entre la atracción de capitales y el mantenimiento y fortaleza de la economía interna.
El segundo hecho es la acumulación de riqueza -y por tanto de influencia- en empresas multinacionales. Si hacemos una comparación de ventas de esas empresas y PIB de los países en el 2006, de las 50 economías más grandes del mundo 12 son empresas y 38 países; siendo Wal-Mart, ExxonMobil y Royal Dutch Shell los lugares 24, 25 y 29 de la tabla.
Si hacemos la observación en Latinoamérica (con datos del 2005), 33 de las economías más grandes son empresas (incluyendo paraestatales) y 17 son países; siendo Pemex, Petróleos de Venezuela y Petrobras los lugares 7, 8 y 9 de la tabla.
Estos dos hechos nos señalan la capacidad de influencia, cada vez mayor, de los actores del sector empresarial. Esta influencia es un hecho y la tarea del Estado debería enfocarse a limitar esta influencia por los cauces legales, pero también usar esta influencia para el bienestar de la población donde están asentadas estas empresas. Es decir, no considerar esta influencia como negativa o invasiva de las funciones del Estado, sino como aliada para combatir problemas locales que necesiten ser resueltos en colaboración entre sectores.
Los ciudadanos necesitamos poner más énfasis en que nuestros gobernantes tengan la capacidad para desarrollar una visión que logre usar los poderes fácticos de una sociedad, no como una fuerza negativa que hay que ponerle un alto, sino como una fuerza positiva que podría encauzarse para el beneficio común.
*Marco Iván Escotto Arroyo es coordinador del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
