Alberto Aziz Nassif
13 de noviembre de 2007 EL UNIVERSAL
Una de las preocupaciones más importantes que tiene una democracia incipiente como la nuestra es la necesidad de garantizar que los espacios públicos sean realmente públicos. Esto nos lleva a una pregunta importante en nuestra vida política: ¿qué tan capturado está el Estado mexicano frente a los intereses particulares? Ese es el fondo de lo que puede suceder en el país con la próxima reforma en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
La historia de los últimos meses marca un cambio de vientos, porque después de la aprobación de la llamada ley Televisa en 2006 vino la rectificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2007, en la que se estableció la inconstitucionalidad de varios artículos de esa ley, sobre todo porque se capturaba al Estado y los particulares se apropiaban del espacio radioeléctrico del país. Unos meses después se hizo la reforma electoral, que tuvo como centro el cambio en la relación entre la política electoral y los medios masivos. En esta misma ruta, el Senado de la República retomó el camino de la reforma que ahora está en fase de elaboración.
En la ruta que marcó la SCJN se han presentado diversas propuestas en audiencias públicas ante el Senado. El pasado miércoles 7 lo hizo la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que preside Javier Corral.
Este proyecto tiene como objetivo crear una sociedad de la información, para lo cual se necesita tener un Estado no capturado. En esta lógica se establecen los siguientes principios: la defensa de los derechos ciudadanos (información, expresión, réplica); que la radio y la televisión tengan una función de servicio público; el espectro radioeléctrico es, y debe seguir siendo, propiedad de la nación; impulsar la convergencia digital; establecer una sola ley que regule el ámbito de la radiodifusión y el de las telecomunicaciones; crear un órgano regulador autónomo; tener acceso universal en todos los formatos de comunicación; desarrollar conectividad y flexibilidad para la interconexión; garantizar la pluralidad, la libertad de expresión y réplica, así como la integridad de los contenidos; regular la inversión; y establecer un régimen de medios públicos.
Para regular el espacio radioeléctrico en México, desde la perspectiva de un Estado viable y no capturado por intereses particulares, es indispensable establecer las mejores estrategias para una modernización tecnológica equitativa, que termine con los excesos de concentración, y construir las nuevas instituciones que regulen este bien público dentro de un marco de derechos y, además, que lo hagan con transparencia.
Como en otros ámbitos de la vida pública del país, resulta fácil aceptar principios generales. Ningún actor político se atrevería a negar derechos ciudadanos o principios de servicio público de los medios; tampoco habría objeciones para que el espacio radioeléctrico fuera propiedad de la nación. Sin embargo, entre estas coordenadas generales y la construcción de las reglas que se necesitan hay proyectos encontrados y visiones antagónicas.
Se pueden establecer áreas críticas sobre las que habrá que tener vigilancia ciudadana, como la que impulsa y representa la Amedi. Queremos establecer al menos cuatro ámbitos en donde seguramente habrá nutridos debates, que esperemos sean públicos y no acuerdos en la oscuridad, como sucedió con la ley Televisa y el decretazo de Fox en 2002. El primero se refiere al órgano regulador, lo que sería la nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); el segundo tiene que ver con las nuevas reglas para normar el régimen de concesiones; el tercero es el de la convergencia tecnológica; y, por último, el régimen de los medios públicos.
La propuesta de Amedi es que la nueva Cofetel sea un órgano público autónomo y no sólo un órgano desconcentrado o descentralizado. Es importante establecer que a la actual Cofetel, que resultó de la ley Televisa, se le considera un órgano capturado, y no lo dice ningún grupo radical, sino el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes. Para darle plena autonomía a este órgano se necesita una reforma constitucional que pueda asegurar facultades y capacidades del Estado para regular el espacio radioeléctrico en una nueva lógica democrática: que termine con la discrecionalidad y la captura que existe actualmente.
Como una consecuencia de lo anterior, se necesita seguir los criterios que estableció la SCJN para otorgar y renovar las concesiones. Con estas reglas se podrá establecer la ruta para la convergencia tecnológica. No se trata sólo de saber qué tipo de fierros se necesitan, sino de adecuarse a la jurisprudencia de la SCJN, es decir, igualdad en la aplicación de la ley, rectoría del Estado y no permitir la concentración.
El otro tema importante para Amedi es el de los medios públicos, porque junto al sistema de medios privados se necesita impulsar con fuerza un sistema público como contrapeso y balance del espacio comercial. La Amedi propone eliminar la distinción entre concesiones y permisos, y que sean concesiones privadas y públicas. Se necesita un sistema que mantenga un acceso universal, contenidos independientes y plurales, que posibilite la cooperación para tareas educativas. Un sistema que integre desde las radios comunitarias y los medios para los pueblos indígenas, hasta medios de alcance nacional.
Vamos a ver qué ruta sigue esta importante reforma. El Congreso tiene la obligación de cumplir con las disposiciones que estableció la SCJN; y además, los legisladores tienen la deuda de completar la otra parte de la reforma electoral en materia de medios de comunicación. Esperemos que en esta nueva vuelta de tuerca legislativa los legisladores recuperen otro amplio espacio de autonomía para dotar al país de las instituciones que regulen el espacio radioeléctrico dentro de una lógica democrática, y que no se comporten, como lo hicieron la vez anterior, como representantes de intereses particulares.
Es urgente preservar el espacio público, establecer transparencia y terminar con la captura que hoy existe sobre la radiodifusión y las telecomunicaciones. Esta será una de las batallas importantes en la agenda de la reforma del Estado.
Investigador del CIESAS
jueves, 15 de noviembre de 2007
La propuesta de Amedi
Javier Corral Jurado
13 de noviembre de 2007 / EL UNIVERSAL
Animada por la esperanza de que ahora sí se instaure una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país, la semana pasada compareció la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) ante una parte del grupo plural del Senado que se constituyó para acometer esa tarea legislativa. Nunca como ahora se ha reforzado esa expectativa no sólo por las múltiples expresiones públicas que han hecho varios legisladores de los distintos partidos, sino por las inmejorables condiciones políticas con que se cuenta para hacer frente a los intereses que siempre se le han opuesto.
En contraste con quienes hace un par de semanas llegaban al extremo de recomendar desoír la sentencia de la SCJN que invalidó la ley Televisa, hemos recordado a los legisladores que esos criterios no sólo son antecedentes jurisprudenciales como marco de interpretación constitucional para la reforma, sino referentes de la dignidad y el valor soberano del Estado que debieran recuperar todos los poderes en México. No es por desconocimiento, sino por conveniencia y abultada prepotencia, en una franca provocación al estado de derecho, de donde ha salido la recomendación de “reciclar” las reformas que desechó la Corte, y decir que nada obliga al Congreso a observar esas valientes resoluciones, así como su macizo debate y el engrose de la sentencia.
Tampoco se trata sólo de corregir o llenar los huecos de las porciones normativas que expulsó la Corte, sino de legislar enormes pendientes regulatorios, entre ausencias y desfasamientos; el mayor ausente ha sido hasta la fecha el sujeto más importante de un sistema de comunicación democrática: el ciudadano.
De ahí que la propuesta de reforma integral que planteamos parte del derecho de los ciudadanos de disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad, problemáticas y acciones transformadoras, y que promuevan sus derechos e intereses. Tiene un eje: recuperar en todos los enfoques normativos la actividad de la radiodifusión como servicio público, y que el espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación.
La convergencia digital debe ser aprovechada no sólo para servir al proceso de intercambio económico, sino a la consecución de una sociedad del conocimiento, en la que la difusión de la cultura y el desarrollo educativo tengan en la digitalización y la teledifusión su plataforma más extensa. Por ello se plantea una sola ley congruente con el fenómeno de la convergencia digital. De la misma manera que los medios, formatos y contenidos están destinados a entrelazarse e intercambiarse; es pertinente que la legislación que regule todos estos desarrollos y su aprovechamiento sean una sola.
Como parte de esa congruencia que impone el desarrollo tecnológico pero también la defensa cabal del interés público, es pertinente que la regulación de las telecomunicaciones quede a cargo de un órgano estatal con autonomía —garantizada por la Constitución— tanto respecto de los poderes estatales como de las empresas a las que normaría.
Varios proyectos fueron incorporando a lo largo de la discusión anterior que se tuvo en el Senado, y en la medida del acuerdo que se iba logrando, diversas figuras con distintos grados de autonomía a ese órgano regulador. En principio se planteaba un órgano descentralizado, y luego más tarde un órgano desconcentrado, atendiendo precisamente los linderos constitucionales establecidos en la división de poderes. La experiencia confirma, y el debate de la Corte así lo hizo patente, que sólo mediante su transformación en organismo público autónomo la Cofetel podrá operar con un margen óptimo de autonomía, para lograr las atribuciones que una sola legislación le impondría.
Las consideraciones en torno a la necesidad de dotar a la Cofetel de un estatus de plena autonomía en el texto constitucional, que no se limite a la capacidad técnica de los órganos desconcentrados ni a la autonomía de gestión de los entes paraestatales, se ubica en lo dispuesto en los artículos 3, 6, 7 y 25 de la Constitución. La definición democrática del desarrollo nacional; el compromiso del Estado para garantizar el derecho a la información, así como los principios de propiedad de la nación y de rectoría del desarrollo nacional, son, a nuestro juicio, los fundamentos de mayor relevancia para asegurar la transformación de la Cofetel en organismo público autónomo.
La Amedi sostuvo que la legislación debe garantizar los principios democráticos de pluralidad y libertad de expresión y derecho a la información; asimismo, debe promover la producción y difusión de contenidos que proyecten la pluralidad y la diversidad culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; y hemos insistido que frente a la responsabilidad que tiene la televisión o radio por los contenidos que propagan, los ciudadanos tienen derecho a replicar ante contenidos que los aludan de manera personal. Así como los productores tienen derecho a que sus contenidos sean difundidos sin censura, los ciudadanos tienen derecho a recibir esos contenidos sin alteraciones.
Es una propuesta desde la sociedad civil organizada, que nos hemos empeñado en hacer valer nuestra palabra, y que esperamos que los legisladores cumplan la suya. Sería demoledor para los ciudadanos y suicida para la clase política un supuesto contrario.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
13 de noviembre de 2007 / EL UNIVERSAL
Animada por la esperanza de que ahora sí se instaure una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país, la semana pasada compareció la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) ante una parte del grupo plural del Senado que se constituyó para acometer esa tarea legislativa. Nunca como ahora se ha reforzado esa expectativa no sólo por las múltiples expresiones públicas que han hecho varios legisladores de los distintos partidos, sino por las inmejorables condiciones políticas con que se cuenta para hacer frente a los intereses que siempre se le han opuesto.
En contraste con quienes hace un par de semanas llegaban al extremo de recomendar desoír la sentencia de la SCJN que invalidó la ley Televisa, hemos recordado a los legisladores que esos criterios no sólo son antecedentes jurisprudenciales como marco de interpretación constitucional para la reforma, sino referentes de la dignidad y el valor soberano del Estado que debieran recuperar todos los poderes en México. No es por desconocimiento, sino por conveniencia y abultada prepotencia, en una franca provocación al estado de derecho, de donde ha salido la recomendación de “reciclar” las reformas que desechó la Corte, y decir que nada obliga al Congreso a observar esas valientes resoluciones, así como su macizo debate y el engrose de la sentencia.
Tampoco se trata sólo de corregir o llenar los huecos de las porciones normativas que expulsó la Corte, sino de legislar enormes pendientes regulatorios, entre ausencias y desfasamientos; el mayor ausente ha sido hasta la fecha el sujeto más importante de un sistema de comunicación democrática: el ciudadano.
De ahí que la propuesta de reforma integral que planteamos parte del derecho de los ciudadanos de disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad, problemáticas y acciones transformadoras, y que promuevan sus derechos e intereses. Tiene un eje: recuperar en todos los enfoques normativos la actividad de la radiodifusión como servicio público, y que el espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación.
La convergencia digital debe ser aprovechada no sólo para servir al proceso de intercambio económico, sino a la consecución de una sociedad del conocimiento, en la que la difusión de la cultura y el desarrollo educativo tengan en la digitalización y la teledifusión su plataforma más extensa. Por ello se plantea una sola ley congruente con el fenómeno de la convergencia digital. De la misma manera que los medios, formatos y contenidos están destinados a entrelazarse e intercambiarse; es pertinente que la legislación que regule todos estos desarrollos y su aprovechamiento sean una sola.
Como parte de esa congruencia que impone el desarrollo tecnológico pero también la defensa cabal del interés público, es pertinente que la regulación de las telecomunicaciones quede a cargo de un órgano estatal con autonomía —garantizada por la Constitución— tanto respecto de los poderes estatales como de las empresas a las que normaría.
Varios proyectos fueron incorporando a lo largo de la discusión anterior que se tuvo en el Senado, y en la medida del acuerdo que se iba logrando, diversas figuras con distintos grados de autonomía a ese órgano regulador. En principio se planteaba un órgano descentralizado, y luego más tarde un órgano desconcentrado, atendiendo precisamente los linderos constitucionales establecidos en la división de poderes. La experiencia confirma, y el debate de la Corte así lo hizo patente, que sólo mediante su transformación en organismo público autónomo la Cofetel podrá operar con un margen óptimo de autonomía, para lograr las atribuciones que una sola legislación le impondría.
Las consideraciones en torno a la necesidad de dotar a la Cofetel de un estatus de plena autonomía en el texto constitucional, que no se limite a la capacidad técnica de los órganos desconcentrados ni a la autonomía de gestión de los entes paraestatales, se ubica en lo dispuesto en los artículos 3, 6, 7 y 25 de la Constitución. La definición democrática del desarrollo nacional; el compromiso del Estado para garantizar el derecho a la información, así como los principios de propiedad de la nación y de rectoría del desarrollo nacional, son, a nuestro juicio, los fundamentos de mayor relevancia para asegurar la transformación de la Cofetel en organismo público autónomo.
La Amedi sostuvo que la legislación debe garantizar los principios democráticos de pluralidad y libertad de expresión y derecho a la información; asimismo, debe promover la producción y difusión de contenidos que proyecten la pluralidad y la diversidad culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; y hemos insistido que frente a la responsabilidad que tiene la televisión o radio por los contenidos que propagan, los ciudadanos tienen derecho a replicar ante contenidos que los aludan de manera personal. Así como los productores tienen derecho a que sus contenidos sean difundidos sin censura, los ciudadanos tienen derecho a recibir esos contenidos sin alteraciones.
Es una propuesta desde la sociedad civil organizada, que nos hemos empeñado en hacer valer nuestra palabra, y que esperamos que los legisladores cumplan la suya. Sería demoledor para los ciudadanos y suicida para la clase política un supuesto contrario.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
martes, 13 de noviembre de 2007
Para vivir mejor nada como convertir las deudas en inversiones
Joan Lanzagorta
EL ECONOMISTA/FINANZAS PERSONALES
Cuando el ingreso se distribuye con acierto alcanza para más
Muy pocas son las personas que logran conseguir la felicidad y la plenitud que todos buscamos en la vida.
Contrario a lo que se pudiera pensar, esto no se debe a la falta de dinero. Se debe a que no logran enfocarse hacia sus sueños (objetivos y metas de vida) y por lo tanto, fallan en conquistarlos.
Mucha de esta gente sigue el enfoque tradicional de ahorrar para su retiro, o para dejarle "algo" a sus hijos. Otra, busca llenarse de artículos poco útiles gastando mucho más de lo que tiene y adquiriendo grandes deudas.
Lo peor de todo es que pocos se dan cuenta de su error. Por eso es importante que, al menos una vez al año, cada persona se siente a reflexionar sobre lo que realmente quiere en su vida, lo que puede resolver muchos problemas.
Para muchas personas, lo principal es su familia. Por eso, para darles todo, suelen trabajar horas extras, se preocupan demasiado por su empleo, dejan de ver a sus amistades y vuelven tarde a casa. Es decir, terminan por sacrificar eso que es lo que más quieren.
Si uno quiere vivir mejor, debe terminar con esto. No se trata de dejar lo que se tiene, ni de ser menos productivo en el trabajo. Por el contrario, lo que se requiere es cambiar de dirección y seguir los siguientes pasos: 1. Modifique su estilo de vida. En la actualidad, y aunque no lo crea, muchas personas dejan negocios y empleos muy lucrativos en aras de lograr una vida simple.
Todas ellas se han dado cuenta, y creen firmemente, que la clave para la felicidad financiera es gastar menos de lo que ganan.
Sin embargo, saben que cada persona puede determinar qué es lo que está bien con relación a sus ingresos, inversiones y gastos. Uno podría tener toneladas de dinero, y aún así no vivir la vida que realmente quiere.
Uno debe pensar y analizar cuidadosamente sus diferentes alternativas de vida, y las consecuencias financieras de hacer dichos cambios.
Tal vez se desee que alguno de los miembros de la pareja deje el trabajo y se quede en casa con los hijos. O quizás la familia tenga el sueño de huir de la gran ciudad hacia un pueblo más tranquilo.
Desde luego, cualquier cambio que se quiera tener debe realizarse en forma planeada, analizando todas sus posibles consecuencias. No necesita ser muy grande: pasos pequeños pueden hacer un mundo de diferencia.
2. Ponga primero a su familia. Como país, en México estamos trabajando más horas y pasamos menos tiempo con nuestras familias.
Dejamos a nuestros hijos frente al televisor o con juegos de video, olvidándonos de la importancia que tiene platicar con ellos de manera frecuente. Es muy fácil caer en este tipo de patrones, pero también lo es salir de ellos.
Tal vez ese proyecto que tiene sobre el escritorio no pueda esperar para mañana. Eso siempre pasa, y uno no puede desatenderlo.
Sin embargo, los hijos también crecen muy rápido, y ese tiempo que dejamos de pasar con ellos lo podemos lamentar, y ellos también, en el futuro.
3. Cuando trabaje, piense en usted mismo. La noción tradicional del trabajo era, literalmente, sacrificar su vida por la de su empresa. Esto siempre ha sido una gran contradicción.
Con la ola de fusiones y adquisiciones que hoy se está viviendo, es posible que su empresa en un futuro ya no lo sea más.
Por eso es importante invertir en uno mismo: educarse, prepararse. En Estados Unidos, cada vez más familias inician un negocio propio, que les pueda dar ingresos adicionales, que fomenten la unión familiar y que pueden significar la diferencia en caso de quedar desempleado.
4. Haga rendir el dinero que lleva a casa. Mientras más lo aproveche, menos necesitará ganar para conservar su nivel de vida. Ojo, no estamos hablando de privaciones, sino de vivir sin complicaciones, negociar los mejores precios, etcétera.
5. Convierta sus deudas en inversiones. Esto es un paso esencial: cuando uno está endeudado, su dinero siempre trabaja en contra suya.
Por el contrario, cuando las deudas se pagan y se comienza a invertir, uno está construyendo su camino hacia la libertad financiera, que poco a poco y con paciencia, algún día llegará.
Con mucho gusto responderé a sus dudas, inquietudes y comentarios en mi dirección de correo electrónico: jlanzagorta@economista.com.mx
EL ECONOMISTA/FINANZAS PERSONALES
Cuando el ingreso se distribuye con acierto alcanza para más
Muy pocas son las personas que logran conseguir la felicidad y la plenitud que todos buscamos en la vida.
Contrario a lo que se pudiera pensar, esto no se debe a la falta de dinero. Se debe a que no logran enfocarse hacia sus sueños (objetivos y metas de vida) y por lo tanto, fallan en conquistarlos.
Mucha de esta gente sigue el enfoque tradicional de ahorrar para su retiro, o para dejarle "algo" a sus hijos. Otra, busca llenarse de artículos poco útiles gastando mucho más de lo que tiene y adquiriendo grandes deudas.
Lo peor de todo es que pocos se dan cuenta de su error. Por eso es importante que, al menos una vez al año, cada persona se siente a reflexionar sobre lo que realmente quiere en su vida, lo que puede resolver muchos problemas.
Para muchas personas, lo principal es su familia. Por eso, para darles todo, suelen trabajar horas extras, se preocupan demasiado por su empleo, dejan de ver a sus amistades y vuelven tarde a casa. Es decir, terminan por sacrificar eso que es lo que más quieren.
Si uno quiere vivir mejor, debe terminar con esto. No se trata de dejar lo que se tiene, ni de ser menos productivo en el trabajo. Por el contrario, lo que se requiere es cambiar de dirección y seguir los siguientes pasos: 1. Modifique su estilo de vida. En la actualidad, y aunque no lo crea, muchas personas dejan negocios y empleos muy lucrativos en aras de lograr una vida simple.
Todas ellas se han dado cuenta, y creen firmemente, que la clave para la felicidad financiera es gastar menos de lo que ganan.
Sin embargo, saben que cada persona puede determinar qué es lo que está bien con relación a sus ingresos, inversiones y gastos. Uno podría tener toneladas de dinero, y aún así no vivir la vida que realmente quiere.
Uno debe pensar y analizar cuidadosamente sus diferentes alternativas de vida, y las consecuencias financieras de hacer dichos cambios.
Tal vez se desee que alguno de los miembros de la pareja deje el trabajo y se quede en casa con los hijos. O quizás la familia tenga el sueño de huir de la gran ciudad hacia un pueblo más tranquilo.
Desde luego, cualquier cambio que se quiera tener debe realizarse en forma planeada, analizando todas sus posibles consecuencias. No necesita ser muy grande: pasos pequeños pueden hacer un mundo de diferencia.
2. Ponga primero a su familia. Como país, en México estamos trabajando más horas y pasamos menos tiempo con nuestras familias.
Dejamos a nuestros hijos frente al televisor o con juegos de video, olvidándonos de la importancia que tiene platicar con ellos de manera frecuente. Es muy fácil caer en este tipo de patrones, pero también lo es salir de ellos.
Tal vez ese proyecto que tiene sobre el escritorio no pueda esperar para mañana. Eso siempre pasa, y uno no puede desatenderlo.
Sin embargo, los hijos también crecen muy rápido, y ese tiempo que dejamos de pasar con ellos lo podemos lamentar, y ellos también, en el futuro.
3. Cuando trabaje, piense en usted mismo. La noción tradicional del trabajo era, literalmente, sacrificar su vida por la de su empresa. Esto siempre ha sido una gran contradicción.
Con la ola de fusiones y adquisiciones que hoy se está viviendo, es posible que su empresa en un futuro ya no lo sea más.
Por eso es importante invertir en uno mismo: educarse, prepararse. En Estados Unidos, cada vez más familias inician un negocio propio, que les pueda dar ingresos adicionales, que fomenten la unión familiar y que pueden significar la diferencia en caso de quedar desempleado.
4. Haga rendir el dinero que lleva a casa. Mientras más lo aproveche, menos necesitará ganar para conservar su nivel de vida. Ojo, no estamos hablando de privaciones, sino de vivir sin complicaciones, negociar los mejores precios, etcétera.
5. Convierta sus deudas en inversiones. Esto es un paso esencial: cuando uno está endeudado, su dinero siempre trabaja en contra suya.
Por el contrario, cuando las deudas se pagan y se comienza a invertir, uno está construyendo su camino hacia la libertad financiera, que poco a poco y con paciencia, algún día llegará.
Con mucho gusto responderé a sus dudas, inquietudes y comentarios en mi dirección de correo electrónico: jlanzagorta@economista.com.mx
Gobernanza y poderes fácticos
Marco Iván Escotto Arroyo*
EL ECONOMISTA/VALORES
En la literatura y lenguaje político actual, uno de los temas más referidos es el de los poderes fácticos y su influencia sobre la gobernabilidad.
Usualmente la connotación que se les da es negativa, en el sentido de que son influencias que intervienen en las labores del gobierno sobre la sociedad y hasta cierto punto están fuera del margen del control gubernamental.
Cuando hablamos de poderes fácticos nos referimos principalmente a: empresarios nacionales e internacionales -ya sea solos o agrupados en cámaras- compañías transnacionales de gran poder económico, organismos internacionales -ONU, BID, FMI, Banco Mundial, etcétera-, sindicatos, poder religioso y medios de comunicación en general.
A lo largo de la historia estas influencias han estado presentes e incluso son anteriores al surgimiento de los estados-nación, es decir, al gobierno como lo conocemos hasta ahora.
El común denominador es que son "actores que cuentan con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos; es decir, son actores con poder de veto sobre una determinada política." Joan Oriol Prats, El concepto y el análisis de la gobernabilidad (http://www.iigov.org/revista/?p=14_08) La premisa de que los poderes fácticos actúan siempre de manera negativa me parece incorrecta y a mi consideración denota una visión errónea de cómo se logra la gobernabilidad.
En primera instancia, hay que recordar que la gobernabilidad es la cualidad -formada de condiciones y capacidades- que tiene un sistema para ser gobernable, es decir, para tomar decisiones que beneficien al propio sistema y permitan una armonía en el mismo.
La gobernanza estudia precisamente el modo en que estas condiciones y capacidades se logran, pero además, sabe que para lograr esta armonía existen varios actores que intervienen, así que estudia la interacción entre los mismos lo que permite la formulación e implementación de políticas en el menor tiempo y esfuerzo posibles.
Existen dos hechos que me parecen relevantes resaltar, el primero es la cada vez menor capacidad del Estado para tomar decisiones por sí solo para el buen funcionamiento de la economía. Con la apertura económica de los países uno de los fenómenos derivados de la globalización es que la toma de decisiones para invertir o retirar inversiones en un país no está en el mismo, sino en una diversidad de inversionistas a lo largo del mundo, que a su vez, muchos de ellos, toman decisiones basados en los indicadores de una serie de organismos internacionales con cierta independencia de los países.
Esto fuerza a los gobiernos a tener que negociar no sólo con los actores internos sino con otros países y empresas transnacionales en esos países, mejorando el ambiente de negocio para la atracción de inversión. El beneficio económico para la población se verá reflejado si el gobierno el cual eligió tiene las cualidades y competencias necesarias para saber mantener un equilibrio entre la atracción de capitales y el mantenimiento y fortaleza de la economía interna.
El segundo hecho es la acumulación de riqueza -y por tanto de influencia- en empresas multinacionales. Si hacemos una comparación de ventas de esas empresas y PIB de los países en el 2006, de las 50 economías más grandes del mundo 12 son empresas y 38 países; siendo Wal-Mart, ExxonMobil y Royal Dutch Shell los lugares 24, 25 y 29 de la tabla.
Si hacemos la observación en Latinoamérica (con datos del 2005), 33 de las economías más grandes son empresas (incluyendo paraestatales) y 17 son países; siendo Pemex, Petróleos de Venezuela y Petrobras los lugares 7, 8 y 9 de la tabla.
Estos dos hechos nos señalan la capacidad de influencia, cada vez mayor, de los actores del sector empresarial. Esta influencia es un hecho y la tarea del Estado debería enfocarse a limitar esta influencia por los cauces legales, pero también usar esta influencia para el bienestar de la población donde están asentadas estas empresas. Es decir, no considerar esta influencia como negativa o invasiva de las funciones del Estado, sino como aliada para combatir problemas locales que necesiten ser resueltos en colaboración entre sectores.
Los ciudadanos necesitamos poner más énfasis en que nuestros gobernantes tengan la capacidad para desarrollar una visión que logre usar los poderes fácticos de una sociedad, no como una fuerza negativa que hay que ponerle un alto, sino como una fuerza positiva que podría encauzarse para el beneficio común.
*Marco Iván Escotto Arroyo es coordinador del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
EL ECONOMISTA/VALORES
En la literatura y lenguaje político actual, uno de los temas más referidos es el de los poderes fácticos y su influencia sobre la gobernabilidad.
Usualmente la connotación que se les da es negativa, en el sentido de que son influencias que intervienen en las labores del gobierno sobre la sociedad y hasta cierto punto están fuera del margen del control gubernamental.
Cuando hablamos de poderes fácticos nos referimos principalmente a: empresarios nacionales e internacionales -ya sea solos o agrupados en cámaras- compañías transnacionales de gran poder económico, organismos internacionales -ONU, BID, FMI, Banco Mundial, etcétera-, sindicatos, poder religioso y medios de comunicación en general.
A lo largo de la historia estas influencias han estado presentes e incluso son anteriores al surgimiento de los estados-nación, es decir, al gobierno como lo conocemos hasta ahora.
El común denominador es que son "actores que cuentan con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos; es decir, son actores con poder de veto sobre una determinada política." Joan Oriol Prats, El concepto y el análisis de la gobernabilidad (http://www.iigov.org/revista/?p=14_08) La premisa de que los poderes fácticos actúan siempre de manera negativa me parece incorrecta y a mi consideración denota una visión errónea de cómo se logra la gobernabilidad.
En primera instancia, hay que recordar que la gobernabilidad es la cualidad -formada de condiciones y capacidades- que tiene un sistema para ser gobernable, es decir, para tomar decisiones que beneficien al propio sistema y permitan una armonía en el mismo.
La gobernanza estudia precisamente el modo en que estas condiciones y capacidades se logran, pero además, sabe que para lograr esta armonía existen varios actores que intervienen, así que estudia la interacción entre los mismos lo que permite la formulación e implementación de políticas en el menor tiempo y esfuerzo posibles.
Existen dos hechos que me parecen relevantes resaltar, el primero es la cada vez menor capacidad del Estado para tomar decisiones por sí solo para el buen funcionamiento de la economía. Con la apertura económica de los países uno de los fenómenos derivados de la globalización es que la toma de decisiones para invertir o retirar inversiones en un país no está en el mismo, sino en una diversidad de inversionistas a lo largo del mundo, que a su vez, muchos de ellos, toman decisiones basados en los indicadores de una serie de organismos internacionales con cierta independencia de los países.
Esto fuerza a los gobiernos a tener que negociar no sólo con los actores internos sino con otros países y empresas transnacionales en esos países, mejorando el ambiente de negocio para la atracción de inversión. El beneficio económico para la población se verá reflejado si el gobierno el cual eligió tiene las cualidades y competencias necesarias para saber mantener un equilibrio entre la atracción de capitales y el mantenimiento y fortaleza de la economía interna.
El segundo hecho es la acumulación de riqueza -y por tanto de influencia- en empresas multinacionales. Si hacemos una comparación de ventas de esas empresas y PIB de los países en el 2006, de las 50 economías más grandes del mundo 12 son empresas y 38 países; siendo Wal-Mart, ExxonMobil y Royal Dutch Shell los lugares 24, 25 y 29 de la tabla.
Si hacemos la observación en Latinoamérica (con datos del 2005), 33 de las economías más grandes son empresas (incluyendo paraestatales) y 17 son países; siendo Pemex, Petróleos de Venezuela y Petrobras los lugares 7, 8 y 9 de la tabla.
Estos dos hechos nos señalan la capacidad de influencia, cada vez mayor, de los actores del sector empresarial. Esta influencia es un hecho y la tarea del Estado debería enfocarse a limitar esta influencia por los cauces legales, pero también usar esta influencia para el bienestar de la población donde están asentadas estas empresas. Es decir, no considerar esta influencia como negativa o invasiva de las funciones del Estado, sino como aliada para combatir problemas locales que necesiten ser resueltos en colaboración entre sectores.
Los ciudadanos necesitamos poner más énfasis en que nuestros gobernantes tengan la capacidad para desarrollar una visión que logre usar los poderes fácticos de una sociedad, no como una fuerza negativa que hay que ponerle un alto, sino como una fuerza positiva que podría encauzarse para el beneficio común.
*Marco Iván Escotto Arroyo es coordinador del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
lunes, 12 de noviembre de 2007
Dossier Político / Modelos de desarrollo
Por
Juan Carlos Villarreal / Reforma
En mi colaboración anterior, cité algunos de los modelos que se han adoptado en algunos países para la gestión metropolitana, abordaré de manera general cuales son sus características. (Cuadrado et. al.,2005:110-114)
Modelo público centralizado. Es un modelo fuertemente dirigista por parte del sector público, en el cual las Administraciones Públicas juegan un rol predominante a la hora de organizar y gestionar la economía de la metrópoli, su ventaja primordial es el alto nivel de eficacia que puede alcanzar a la hora de atraer inversiones exteriores e impulsar el desarrollo endógeno.
El caso más conocido de este modelo es la ciudad-estado de Singapur, que cuenta con poco más de 3 millones de habitantes y un PIB per cápita de $25,443 y una inversión extranjera de $147 mil millones de dólares.
Modelo público fragmentado-sectorializado. En este modelo también muestra un peso importante del sector público a la hora de apoyar el desarrollo económico en una región urbana, pero, a diferencia del anterior, las agencias públicas que operan en el territorio observan una operativa fragmentada y sectorializada, se ha aplicado en Madrid, Sao Paulo y Buenos Aires.
Modelo colaborativo público-privado. La colaboración entre los sectores público y privado en materia de desarrollo económico resulta apropiada cuando dichos sectores comparten un claro interés común y cuando es factible apalancar los recursos públicos con el esfuerzo, la inversión y la inventiva de la iniciativa privada.
Existen tres modalidades principales a la hora de promover la economía metropolitana de forma compartida entre agentes públicos y privados; las ciudades donde se ha aplicado son Miami, Detroit, San Francisco y Santiago de Chile.
Como vemos los ejemplos son múltiples y nos demuestran que dada la complejidad de la gestión y administración de las metrópolis la responsabilidad no puede recaer únicamente en la autoridad gubernamental.
Las ciudades en nuestro días, no sólo deben preocuparse por ofrecer servicios públicos, deben también generar empleos y atraer inversión, pero algunos funcionarios no lo tiene en su agenda de prioridades; nuestra entidad a nivel nacional es catalogada en el lugar 26 para el 2003, según el Índice de Competitividad Estatal de México, 2006 del IMCO. (Instituto Mexicano para la Competitividad)
Citaré nuevamente a Juan R. Cuadrado- Roura, quien tiene una definición muy acabada de Competitividad Urbana: "la competencia puede entenderse como la rivalidad de las ciudades para captar inversiones, empresas, ayudas públicas y visitantes".
¿En dónde estamos?, el mismo organismo en su informe 2006 sobre competitividad estatal, califica las mejores prácticas, en diferentes rubros, Derecho, Medio Ambiente, Sociedad, Economía, Sistema Político, Mercados, Precursores, Gobierno, Relaciones Internacionales y Sectores Económicos, la única distinción que obtuvo nuestra entidad fue en el de Medio Ambiente, mientras que Aguascalientes, Chihuahua, D. F. y Nuevo León, tienen por lo menos cuatro distinciones.
El estudio concluye que tres entidades destacan, Aguascalientes, Nuevo León y Quintana Roo, la primera por la atracción de empresas de clase mundial, la segunda por el cúmulo de información recabada a nivel empresarial y la última por el impulso que se ha dado en los diferentes niveles de gobierno al sector turístico, en mi opinión el Estado de México tiene el potencial para ser vanguardia en estos rubros.
Los datos anteriores ejemplifican que cuándo los diferentes actores económicos trabajan coordinadamente, es posible establecer las bases que posibiliten la generación de empleos y el desarrollo económico.
Juan Carlos Villarreal / Reforma
En mi colaboración anterior, cité algunos de los modelos que se han adoptado en algunos países para la gestión metropolitana, abordaré de manera general cuales son sus características. (Cuadrado et. al.,2005:110-114)
Modelo público centralizado. Es un modelo fuertemente dirigista por parte del sector público, en el cual las Administraciones Públicas juegan un rol predominante a la hora de organizar y gestionar la economía de la metrópoli, su ventaja primordial es el alto nivel de eficacia que puede alcanzar a la hora de atraer inversiones exteriores e impulsar el desarrollo endógeno.
El caso más conocido de este modelo es la ciudad-estado de Singapur, que cuenta con poco más de 3 millones de habitantes y un PIB per cápita de $25,443 y una inversión extranjera de $147 mil millones de dólares.
Modelo público fragmentado-sectorializado. En este modelo también muestra un peso importante del sector público a la hora de apoyar el desarrollo económico en una región urbana, pero, a diferencia del anterior, las agencias públicas que operan en el territorio observan una operativa fragmentada y sectorializada, se ha aplicado en Madrid, Sao Paulo y Buenos Aires.
Modelo colaborativo público-privado. La colaboración entre los sectores público y privado en materia de desarrollo económico resulta apropiada cuando dichos sectores comparten un claro interés común y cuando es factible apalancar los recursos públicos con el esfuerzo, la inversión y la inventiva de la iniciativa privada.
Existen tres modalidades principales a la hora de promover la economía metropolitana de forma compartida entre agentes públicos y privados; las ciudades donde se ha aplicado son Miami, Detroit, San Francisco y Santiago de Chile.
Como vemos los ejemplos son múltiples y nos demuestran que dada la complejidad de la gestión y administración de las metrópolis la responsabilidad no puede recaer únicamente en la autoridad gubernamental.
Las ciudades en nuestro días, no sólo deben preocuparse por ofrecer servicios públicos, deben también generar empleos y atraer inversión, pero algunos funcionarios no lo tiene en su agenda de prioridades; nuestra entidad a nivel nacional es catalogada en el lugar 26 para el 2003, según el Índice de Competitividad Estatal de México, 2006 del IMCO. (Instituto Mexicano para la Competitividad)
Citaré nuevamente a Juan R. Cuadrado- Roura, quien tiene una definición muy acabada de Competitividad Urbana: "la competencia puede entenderse como la rivalidad de las ciudades para captar inversiones, empresas, ayudas públicas y visitantes".
¿En dónde estamos?, el mismo organismo en su informe 2006 sobre competitividad estatal, califica las mejores prácticas, en diferentes rubros, Derecho, Medio Ambiente, Sociedad, Economía, Sistema Político, Mercados, Precursores, Gobierno, Relaciones Internacionales y Sectores Económicos, la única distinción que obtuvo nuestra entidad fue en el de Medio Ambiente, mientras que Aguascalientes, Chihuahua, D. F. y Nuevo León, tienen por lo menos cuatro distinciones.
El estudio concluye que tres entidades destacan, Aguascalientes, Nuevo León y Quintana Roo, la primera por la atracción de empresas de clase mundial, la segunda por el cúmulo de información recabada a nivel empresarial y la última por el impulso que se ha dado en los diferentes niveles de gobierno al sector turístico, en mi opinión el Estado de México tiene el potencial para ser vanguardia en estos rubros.
Los datos anteriores ejemplifican que cuándo los diferentes actores económicos trabajan coordinadamente, es posible establecer las bases que posibiliten la generación de empleos y el desarrollo económico.
Triple entretenimiento, un sólo pago
Claudia Juárez Escalona / El Economista
Hasta hace poco más de un año, seguramente usted ni se imaginaba que con la llegada de la convergencia tecnológica al país, sería posible que a través del mismo cable que le provee el servicio de telefonía, se podría recibir el servicio de televisión, y mejor aún, el de Internet.
El desarrollo de las tecnologías y la bidireccionalidad de las redes han hecho posible lo que parecería inalcanzable, trayendo como consecuencia, entre otros aspectos, el empaquetamiento de servicios, la reducción gradual de precios y una sola facturación, evitándole así tener que lidiar con dos o más compañías.
A todo ello se le conoce como Triple Play, o lo que es, la comercialización de telefonía, televisión e internet, provistos por un mismo operador.
Para los usuarios implica beneficios, comodidad de contratación y diversidad de ofertas; para las empresas representa un nuevo modelo de negocio.
Alejandro Navarrete, director del Centro de Investigación e Innovación en Telecomunicaciones (CINIT) de la Canitec explica que el Triple Play es resultado de "la confluencia, dentro de la infraestructura de telecomunicaciones de un mismo proveedor, de servicios que hasta hace poco tiempo se entendían como independientes y provistos por un operador de telecomunicaciones distinto".
En el país, son los operadores de televisión por cable quienes comenzaron a ofrecer el servicio empaquetado de telefonía, televisión de paga e internet, entre los que se encuentran Megacable, Cablemás, Multimedios Redes, y Multioperadora de Servicios, mientras que del lado de las telefónicas, Maxcom es la única empresa que entró de lleno a este esquema.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec), la llegada de la convergencia resulta un proceso que "ha sido particularmente intenso, por el cual las empresas de cable han trabajado en la modernización de sus redes, para ofrecer a sus clientes servicios de video, voz y datos a través de una misma infraestructura de telecomunicaciones".
Alejandro Navarrete, del CINIT, destaca que aun cuando en México se han incrementado notablemente los usuarios de servicios de telecomunicaciones, "todavía los niveles de penetración son bajos, en comparación con otros países con economías similares a la nuestra".
Explica que la infraestructura de las redes de televisión por cable cuenta con las características apropiadas para ofrecer a sus suscriptores, además de televisión, internet de banda ancha, telefonía, y otros servicios digitales avanzados como video por demanda, y televisión digital de alta definición.
Beneficio económico.
Hace ya casi un año que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio la autorización para que los cableoperadores pudieran comenzar a ofertar telefonía y ofrecer al consumidor paquetes de servicios, y partir de ahí éstos han alcanzado descuentos de entre 25 y 35 por ciento.
Según datos del CINIT, los descuentos podrán llegar a más de 45%, una vez que los cableros logren comercializar servicios de voz en forma directa, fuera del esquema "carrier de carriers", que es cuando rentan la red de otro operador.
Y es que, hasta ahora las empresas de televisión restringida que no cuentan con bidireccionalidad en su red (que esté habilitada para recibir contenido y enviar contenido), y sobre todo que aun no tengan la concesión de voz, deben recurrir a un tercero para arrendar el servicio de interconexión.
En México, la principal empresa con la que los cableros han buscado la interconexión es con Telmex, sin embargo, en el mercado ya existen otras opciones como Bestel, y recientemente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que por la cobertura que tiene en el país se prevé como la opción más rentable.
Actualmente son 28 ciudades en las que ya se ofrece el Triple Play: México (en la zona norte, pero con cobertura en todo el Valle de México para el primer trimestre del 2008); Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Cholula, Cuernavaca, Mazatlán, Culiacán, Mérida, Chihuahua, San Luis Potosí, Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, Isla Mujeres, Coacalco, Reynosa, Querétaro, Toluca, Durango, Torreón y Tepic.
Se estima que para finales del 2008, más de 50 ciudades contarán con esta oferta.
La Canitec reporta que hoy por hoy, las líneas de telefonía por cable superan las 110,000, de éstas, 45% son líneas nuevas (en promedio, ya que varía por población). El resto son segundas líneas y sólo un pequeño porcentaje son sustituto de líneas de otras compañías.
Hacia el cierre del 2007 se espera superar las 150,000 líneas de telefonía por cable, y a finales del próximo año 280,000.
¿Al alcance de todos?.
Héctor Huerta, director de asuntos jurídicos de la Canitec, comenta que, por la naturaleza propia del servicio de televisión por cable, la mayoría de sus clientes son residenciales, y por ello el énfasis estará en este segmento en una primera etapa.
Sin embargo, en las ciudades más grandes del país existe un porcentaje considerable de clientes empresariales para el servicio de acceso a internet de banda ancha. "Aunque por su propia naturaleza el Triple Play está enfocado al mercado residencial".
Al respecto, José Otero, director general de Signals Telecom, advierte que los servicios empaquetados tienen como cliente objetivo aquellos que pertenecen a los estratos económicos AB y C+ (nivel socioeconómico alto y clase media, respectivamente); a clientes residenciales de alto poder adquisitivo, y también a empresas.
Explica que la entrada de los cableros a ofrecer servicios de telefonía está obligando a los operadores tradicionales de este servicio a disminuir tarifas y lanzar promociones centradas en precios, con el fin de retener a sus clientes.
Por ejemplo, dice, si se observa la tendencia de mercados internacionales, se aprecia cómo en los empaquetamientos de telefonía fija se incluye de manera gratuita un número específico de minutos de larga distancia nacional como incentivo a contratar y/o para mantener el servicio.
El plato fuerte del triple play.
En realidad, el atractivo del triple play es la combinación de los tres servicios.
En primera instancia destaca la telefonía, el cual es un servicio fundamental y, estadísticamente, es el que tiene mayor número de accesos en el país (más de 20 millones de líneas fijas).
El cuanto al internet de banda ancha, cada vez se está convirtiendo en un "commodity" (servicio esperado por el cliente) y en una necesidad (como la energía eléctrica o el agua potable), lo que se demuestra con las altas tasas de crecimiento de ese servicio.
Pero la televisión restringida o de paga no se queda atrás en importancia, ya que ha mostrado tasas de crecimiento promedio anual superiores a 12% en los últimos cuatro años, por lo que se espera que llegue a una penetración cercana a 50% para el 2012.
Beneficios adicionales.
Otro de los beneficios que trae consigo la convergencia es la portabilidad numérica, es decir, que los usuarios podrán cambiar de compañía de servicio telefónico fijo o móvil, sin la necesidad de perder su número.
Este proceso se prevé comience a operar para el segundo trimestre del 2008, y solo será posible trasladar los números entre usuarios del mismo esquema telefónico, es decir, fijo con fijo y móvil con móvil.
Hasta hace poco más de un año, seguramente usted ni se imaginaba que con la llegada de la convergencia tecnológica al país, sería posible que a través del mismo cable que le provee el servicio de telefonía, se podría recibir el servicio de televisión, y mejor aún, el de Internet.
El desarrollo de las tecnologías y la bidireccionalidad de las redes han hecho posible lo que parecería inalcanzable, trayendo como consecuencia, entre otros aspectos, el empaquetamiento de servicios, la reducción gradual de precios y una sola facturación, evitándole así tener que lidiar con dos o más compañías.
A todo ello se le conoce como Triple Play, o lo que es, la comercialización de telefonía, televisión e internet, provistos por un mismo operador.
Para los usuarios implica beneficios, comodidad de contratación y diversidad de ofertas; para las empresas representa un nuevo modelo de negocio.
Alejandro Navarrete, director del Centro de Investigación e Innovación en Telecomunicaciones (CINIT) de la Canitec explica que el Triple Play es resultado de "la confluencia, dentro de la infraestructura de telecomunicaciones de un mismo proveedor, de servicios que hasta hace poco tiempo se entendían como independientes y provistos por un operador de telecomunicaciones distinto".
En el país, son los operadores de televisión por cable quienes comenzaron a ofrecer el servicio empaquetado de telefonía, televisión de paga e internet, entre los que se encuentran Megacable, Cablemás, Multimedios Redes, y Multioperadora de Servicios, mientras que del lado de las telefónicas, Maxcom es la única empresa que entró de lleno a este esquema.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec), la llegada de la convergencia resulta un proceso que "ha sido particularmente intenso, por el cual las empresas de cable han trabajado en la modernización de sus redes, para ofrecer a sus clientes servicios de video, voz y datos a través de una misma infraestructura de telecomunicaciones".
Alejandro Navarrete, del CINIT, destaca que aun cuando en México se han incrementado notablemente los usuarios de servicios de telecomunicaciones, "todavía los niveles de penetración son bajos, en comparación con otros países con economías similares a la nuestra".
Explica que la infraestructura de las redes de televisión por cable cuenta con las características apropiadas para ofrecer a sus suscriptores, además de televisión, internet de banda ancha, telefonía, y otros servicios digitales avanzados como video por demanda, y televisión digital de alta definición.
Beneficio económico.
Hace ya casi un año que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio la autorización para que los cableoperadores pudieran comenzar a ofertar telefonía y ofrecer al consumidor paquetes de servicios, y partir de ahí éstos han alcanzado descuentos de entre 25 y 35 por ciento.
Según datos del CINIT, los descuentos podrán llegar a más de 45%, una vez que los cableros logren comercializar servicios de voz en forma directa, fuera del esquema "carrier de carriers", que es cuando rentan la red de otro operador.
Y es que, hasta ahora las empresas de televisión restringida que no cuentan con bidireccionalidad en su red (que esté habilitada para recibir contenido y enviar contenido), y sobre todo que aun no tengan la concesión de voz, deben recurrir a un tercero para arrendar el servicio de interconexión.
En México, la principal empresa con la que los cableros han buscado la interconexión es con Telmex, sin embargo, en el mercado ya existen otras opciones como Bestel, y recientemente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que por la cobertura que tiene en el país se prevé como la opción más rentable.
Actualmente son 28 ciudades en las que ya se ofrece el Triple Play: México (en la zona norte, pero con cobertura en todo el Valle de México para el primer trimestre del 2008); Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Cholula, Cuernavaca, Mazatlán, Culiacán, Mérida, Chihuahua, San Luis Potosí, Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, Isla Mujeres, Coacalco, Reynosa, Querétaro, Toluca, Durango, Torreón y Tepic.
Se estima que para finales del 2008, más de 50 ciudades contarán con esta oferta.
La Canitec reporta que hoy por hoy, las líneas de telefonía por cable superan las 110,000, de éstas, 45% son líneas nuevas (en promedio, ya que varía por población). El resto son segundas líneas y sólo un pequeño porcentaje son sustituto de líneas de otras compañías.
Hacia el cierre del 2007 se espera superar las 150,000 líneas de telefonía por cable, y a finales del próximo año 280,000.
¿Al alcance de todos?.
Héctor Huerta, director de asuntos jurídicos de la Canitec, comenta que, por la naturaleza propia del servicio de televisión por cable, la mayoría de sus clientes son residenciales, y por ello el énfasis estará en este segmento en una primera etapa.
Sin embargo, en las ciudades más grandes del país existe un porcentaje considerable de clientes empresariales para el servicio de acceso a internet de banda ancha. "Aunque por su propia naturaleza el Triple Play está enfocado al mercado residencial".
Al respecto, José Otero, director general de Signals Telecom, advierte que los servicios empaquetados tienen como cliente objetivo aquellos que pertenecen a los estratos económicos AB y C+ (nivel socioeconómico alto y clase media, respectivamente); a clientes residenciales de alto poder adquisitivo, y también a empresas.
Explica que la entrada de los cableros a ofrecer servicios de telefonía está obligando a los operadores tradicionales de este servicio a disminuir tarifas y lanzar promociones centradas en precios, con el fin de retener a sus clientes.
Por ejemplo, dice, si se observa la tendencia de mercados internacionales, se aprecia cómo en los empaquetamientos de telefonía fija se incluye de manera gratuita un número específico de minutos de larga distancia nacional como incentivo a contratar y/o para mantener el servicio.
El plato fuerte del triple play.
En realidad, el atractivo del triple play es la combinación de los tres servicios.
En primera instancia destaca la telefonía, el cual es un servicio fundamental y, estadísticamente, es el que tiene mayor número de accesos en el país (más de 20 millones de líneas fijas).
El cuanto al internet de banda ancha, cada vez se está convirtiendo en un "commodity" (servicio esperado por el cliente) y en una necesidad (como la energía eléctrica o el agua potable), lo que se demuestra con las altas tasas de crecimiento de ese servicio.
Pero la televisión restringida o de paga no se queda atrás en importancia, ya que ha mostrado tasas de crecimiento promedio anual superiores a 12% en los últimos cuatro años, por lo que se espera que llegue a una penetración cercana a 50% para el 2012.
Beneficios adicionales.
Otro de los beneficios que trae consigo la convergencia es la portabilidad numérica, es decir, que los usuarios podrán cambiar de compañía de servicio telefónico fijo o móvil, sin la necesidad de perder su número.
Este proceso se prevé comience a operar para el segundo trimestre del 2008, y solo será posible trasladar los números entre usuarios del mismo esquema telefónico, es decir, fijo con fijo y móvil con móvil.
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