Alberto Aziz Nassif
13 de noviembre de 2007 EL UNIVERSAL
Una de las preocupaciones más importantes que tiene una democracia incipiente como la nuestra es la necesidad de garantizar que los espacios públicos sean realmente públicos. Esto nos lleva a una pregunta importante en nuestra vida política: ¿qué tan capturado está el Estado mexicano frente a los intereses particulares? Ese es el fondo de lo que puede suceder en el país con la próxima reforma en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
La historia de los últimos meses marca un cambio de vientos, porque después de la aprobación de la llamada ley Televisa en 2006 vino la rectificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2007, en la que se estableció la inconstitucionalidad de varios artículos de esa ley, sobre todo porque se capturaba al Estado y los particulares se apropiaban del espacio radioeléctrico del país. Unos meses después se hizo la reforma electoral, que tuvo como centro el cambio en la relación entre la política electoral y los medios masivos. En esta misma ruta, el Senado de la República retomó el camino de la reforma que ahora está en fase de elaboración.
En la ruta que marcó la SCJN se han presentado diversas propuestas en audiencias públicas ante el Senado. El pasado miércoles 7 lo hizo la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que preside Javier Corral.
Este proyecto tiene como objetivo crear una sociedad de la información, para lo cual se necesita tener un Estado no capturado. En esta lógica se establecen los siguientes principios: la defensa de los derechos ciudadanos (información, expresión, réplica); que la radio y la televisión tengan una función de servicio público; el espectro radioeléctrico es, y debe seguir siendo, propiedad de la nación; impulsar la convergencia digital; establecer una sola ley que regule el ámbito de la radiodifusión y el de las telecomunicaciones; crear un órgano regulador autónomo; tener acceso universal en todos los formatos de comunicación; desarrollar conectividad y flexibilidad para la interconexión; garantizar la pluralidad, la libertad de expresión y réplica, así como la integridad de los contenidos; regular la inversión; y establecer un régimen de medios públicos.
Para regular el espacio radioeléctrico en México, desde la perspectiva de un Estado viable y no capturado por intereses particulares, es indispensable establecer las mejores estrategias para una modernización tecnológica equitativa, que termine con los excesos de concentración, y construir las nuevas instituciones que regulen este bien público dentro de un marco de derechos y, además, que lo hagan con transparencia.
Como en otros ámbitos de la vida pública del país, resulta fácil aceptar principios generales. Ningún actor político se atrevería a negar derechos ciudadanos o principios de servicio público de los medios; tampoco habría objeciones para que el espacio radioeléctrico fuera propiedad de la nación. Sin embargo, entre estas coordenadas generales y la construcción de las reglas que se necesitan hay proyectos encontrados y visiones antagónicas.
Se pueden establecer áreas críticas sobre las que habrá que tener vigilancia ciudadana, como la que impulsa y representa la Amedi. Queremos establecer al menos cuatro ámbitos en donde seguramente habrá nutridos debates, que esperemos sean públicos y no acuerdos en la oscuridad, como sucedió con la ley Televisa y el decretazo de Fox en 2002. El primero se refiere al órgano regulador, lo que sería la nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); el segundo tiene que ver con las nuevas reglas para normar el régimen de concesiones; el tercero es el de la convergencia tecnológica; y, por último, el régimen de los medios públicos.
La propuesta de Amedi es que la nueva Cofetel sea un órgano público autónomo y no sólo un órgano desconcentrado o descentralizado. Es importante establecer que a la actual Cofetel, que resultó de la ley Televisa, se le considera un órgano capturado, y no lo dice ningún grupo radical, sino el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes. Para darle plena autonomía a este órgano se necesita una reforma constitucional que pueda asegurar facultades y capacidades del Estado para regular el espacio radioeléctrico en una nueva lógica democrática: que termine con la discrecionalidad y la captura que existe actualmente.
Como una consecuencia de lo anterior, se necesita seguir los criterios que estableció la SCJN para otorgar y renovar las concesiones. Con estas reglas se podrá establecer la ruta para la convergencia tecnológica. No se trata sólo de saber qué tipo de fierros se necesitan, sino de adecuarse a la jurisprudencia de la SCJN, es decir, igualdad en la aplicación de la ley, rectoría del Estado y no permitir la concentración.
El otro tema importante para Amedi es el de los medios públicos, porque junto al sistema de medios privados se necesita impulsar con fuerza un sistema público como contrapeso y balance del espacio comercial. La Amedi propone eliminar la distinción entre concesiones y permisos, y que sean concesiones privadas y públicas. Se necesita un sistema que mantenga un acceso universal, contenidos independientes y plurales, que posibilite la cooperación para tareas educativas. Un sistema que integre desde las radios comunitarias y los medios para los pueblos indígenas, hasta medios de alcance nacional.
Vamos a ver qué ruta sigue esta importante reforma. El Congreso tiene la obligación de cumplir con las disposiciones que estableció la SCJN; y además, los legisladores tienen la deuda de completar la otra parte de la reforma electoral en materia de medios de comunicación. Esperemos que en esta nueva vuelta de tuerca legislativa los legisladores recuperen otro amplio espacio de autonomía para dotar al país de las instituciones que regulen el espacio radioeléctrico dentro de una lógica democrática, y que no se comporten, como lo hicieron la vez anterior, como representantes de intereses particulares.
Es urgente preservar el espacio público, establecer transparencia y terminar con la captura que hoy existe sobre la radiodifusión y las telecomunicaciones. Esta será una de las batallas importantes en la agenda de la reforma del Estado.
Investigador del CIESAS
