27 de noviembre de 2007 / El Universal /Opinión
Sin rubor por las palabras, sin reparo alguno de su actuación como concesionario de TV Azteca, Ricardo Salinas volvió a la carga para denostar al Congreso. Lo hizo a nombre de la libertad de expresión, presumiblemente amenazada en el proyecto de reformas al Código Electoral. Escogió para hacerlo la firma de un convenio para mejorar la calidad de contenidos televisivos, uno más en la larga lista de propósitos y acuerdos incumplidos por parte de las empresas de televisión para dar a su auditorio mejores programas.
Cada vez que en el Poder Legislativo se anuncia la intención de poner al día la legislación de radio y televisión, los concesionarios responden con cartas compromiso de buena conducta, se afirma la autorregulación ética sobre la ley, se constituye el código deontológico de la industria, se forma el Consejo de Autorregulación y se firman los más variados convenios, con actores públicos o privados, ya sea para hacer rendir la transparencia en la contratación de la publicidad electoral, o bien para “evitar las imágenes con sexo explícito en horarios de programación dirigida a todo público”.
Esa historia ha sido en términos reales un proceso de simulación, con el que han tratado de “taparle el ojo al macho”, pero en el que se reitera un hecho: la firma de la mayoría de sus suscriptores ha valido menos que el pedazo de papel en el que se estampa; los excesos y los abusos han crecido, la manipulación y el ocultamiento se hacen costumbre, y la programación está marcada por superficialidad y comercialización sin límites. Todavía no sabemos qué pasó con los 280 mil spots sin soporte que reportó el IFE en 2006.
Pero en medio de este nuevo acuerdo, Salinas Pliego increpó a los dirigentes de los tres principales partidos, a quienes acusó de querer “imponer sus reglas y su visión al resto de los ciudadanos, esto a través de leyes que atentan contra nuestra libertad más básica que es la de expresar nuestras ideas”. Al referirse al Congreso, como ¡unos cuantos!, llamó a “no permitir que las ambiciones políticas echen al basurero de la historia la lucha de millones de mexicanos por conquistar la libertad de expresión y no debemos olvidar que esta lucha ha costado muchísimas vidas”.
No causa asombro su lenguaje, con antelación, en una entrevista en el portal de internet Altaempresa.com, de Mauricio González, Salinas había calificado a los legisladores que aprobaron la reforma en materia electoral como “unos mentirosos y ladrones”, y explicó la acusación: “nos han despojado de nuestro legítimo trabajo sin compensaciones. Es un robo, nos han confiscado nuestro tiempo y nuestra audiencia para servir a sus intereses”.
En esa entrevista, el empresario se pinta de cuerpo entero y permite entender la lógica propietaria y patrimonialista del espectro radioeléctrico con la que TV Azteca ha protagonizado episodios vergonzosos, además de confirmar la apuesta de poder desde la cual lanzó el llamado a la sedición por el asesinato de Paco Stanley, el asalto al cerro del Chiquihuite para usurpar Canal 40, la censura a varios protagonistas políticos, el linchamiento a posibles competidores, el incumplimiento y la ridiculización del derecho de réplica, la convocatoria al referéndum por la libertad y los spots contra el Senado. Amén de los insultos a los legisladores.
Cada vez el empresario va más lejos; ahora decide tener como sede de su espiral de confrontación ni mas ni menos que Los Pinos, y al mismísimo Presidente como testigo de honor, para retarlo en su presencia sin aludirlo directamente.
Por supuesto que no hay en el proyecto de nuevo Cofipe disposición alguna que pudiera atentar contra la libertad de expresión; ha sido penosa —en el sentido de su desgracia— la manera argumental de quienes en defensa de sus patrones —ese sí mermado en ingresos publicitarios de lo electoral— han acusado que se menoscaban las libertades. Sin asidero con el cual comparar o ejemplificar sus detracciones, realizaron una querella sin sentido y se volvieron a exponer innecesariamente.
Pero la de Salinas Pliego parece ser una estrategia que va más allá de resistir lo perdido. Busca acreditar una conducta no sólo rijosa, sino abiertamente provocadora. ¿Para qué? Quizá para acusar después represión cuando las autoridades tomen cartas de sus excesos: la usurpación del Canal 40 y el indebido cobro de 550 millones de pesos que en el ultimo día de la administración Fox, hizo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por concepto de devolución de pago de intereses, sobre una contraprestación por licitación de redes de telecomunicaciones en 1998. Una burda maniobra que está siendo investigada tanto por la Secretaría de la Función Pública, como por la Auditoría Superior de la Federación y que involucra a funcionarios tanto del gobierno de Zedillo como el de Fox. La ruta litigiosa que ha tomado el asunto del Canal 40 permite ver la posible recuperación para su auténtico concesionario de esa señal televisiva.
Si en efecto, como se ha ofrecido, no campeará más la impunidad en el país, y a nadie se solapará en actos ilegales, es seguro que Salinas Pliego tenga que devolver el Canal 40 y ese dinero cobrado indebidamente. La reacción hay que imaginárnosla sólo a partir de lo que ha dicho sobre la inexistente acechanza de la libertad de expresión. Siempre atrás de presumibles actos de valentía y arrojo, existe soterrada, la defensa de mayores intereses en riesgo.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
