EL ECONOMISTA
14/ene/2008
Han pasado ya algunas semanas desde que la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), tiempo que ha servido para que constitucionalistas analicen con calma dichas modificaciones, en específico las que tienen que ver con la libertad de expresión.
Como usted recordará, en el nuevo Cofipe, que regirá las elecciones federales del 2009 y las subsecuentes, los diputados establecieron la prohibición para que cualquier particular u organización contrate espacios en medios de comunicación para emitir su opinión respecto a tal o cual candidato.
Esto, independientemente de que los diputados aprobaron también la prohibición para que los partidos políticos contraten publicidad en épocas electorales.
Y si bien el segundo punto fue debatido ya y hubo coincidencia entre los sectores sociales de que la medida, que afecta notoriamente los intereses no sólo de los partidos sino de las empresas de comunicación, podría beneficiar al país.
Pero lo que sigue dando de qué hablar es la prohibición para que grupos sociales, empresariales, obreros, de la categoría que usted quiera, puedan externar libremente su opinión respecto a los candidatos a elección popular en turno.
Dicha reforma es una auténtica ley mordaza, disfrazada de buenas intenciones; el argumento de los diputados que aprobaron dicho cambio a la ley es que "se impedirá que el dinero" incline la balanza en favor de cierto candidato.
El ejemplo que esgrimen es un spot financiado por una organización empresarial en contra de Andrés Manuel López Obrador, mensaje que por cierto generó una división interna dentro del propio Instituto Federal Electoral (IFE).
Pero tratando de vacunarse en contra de mensajes como ese, los diputados pasaron por sobre las garantías individuales, sobre todo en lo que se refiere a la libertad de expresión que es también un derecho constitucional.
De acuerdo con los cambios a la legislación electoral, el Presidente de la Coparmex, por ejemplo, tendría prohibido hablar de política y políticos durante el tiempo que dure el proceso electoral federal, que comienza oficialmente en octubre y concluye hasta septiembre del año próximo; 11 meses sin poder expresar una opinión pese a que tratándose del único sindicato patronal, el tema de la política es precisamente su razón de ser.
Por ello no debe perderse de vista el curso que han tomado las solicitudes de amparo de la propia Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en contra de las reformas que limitan el derecho a la libre expresión y a la información.
Son, hasta el momento, 19 solicitudes de amparo que han sido aceptadas por jueces; no es, desde luego, garantía de que se vaya a ganar el juicio en defensa de las garantías individuales pero el hecho de que un juzgador considere que efectivamente podría haber violaciones a los derechos individuales de los mexicanos, representa un avance en esta lucha en contra de una ley, que digan lo que digan sus padres, los diputados, es una auténtica ley mordaza.
atrejo@eleconomista.com.mx
Pacto amarillo.
Los representantes de las tribus perredistas en la Cámara de Diputados, sostuvieron el viernes pasado una especie de cónclave para tratar de parar la carnicería en la que derivado la lucha por la presidencia del partido.
Preocupados por el deterioro del partido y porque las constantes descalificaciones entre los simpatizantes de los dos principales contendientes Jesús Ortega y Alejandro Encinas lleven al partido a una fractura de la cual no se pueda recuperar, los representantes de las corrientes de Alianza Democrática Nacional (ADN); Nueva Izquierda (NI); Izquierda Democrática Nacional (IDN), mejor conocidos como Los Bejarano; Movimiento por la Democracia, que encabeza el Coordinador de la bancada, Javier González Garza y los Cívicos pactaron un acuerdo de no agresión.
El pacto, que deberá ser presentado el próximo miércoles en la reunión que tendrán diputados, senadores y el Comité Ejecutivo Nacional, prohíbe el uso de los recursos del partido y de las dos Cámaras, para apoyar o descalificar a cualquier candidato.
Esto incluye el uso de papelería, equipo de cómputo, página de Internet, el uso de la gaceta El Ágora, papelería e incluso fotocopiado.
El vicepresidente de la Mesa Directiva e integrante de la dirigencia de ADN, Luis Sánchez, dijo que al interior de su bancada, hay una preocupación ante un eventual rompimiento del partido, por lo que hizo un llamado "a la civilidad política" por parte de los candidatos, dirigentes y militantes, para que se conduzcan en los términos de sus estatutos, para evitar las campañas negras que tanto desprestigio provocan a su partido.
Sánchez, quien apoya la candidatura de Ortega, dijo que Andrés Manuel López Obrador "no puede descalificar a los que no están con Encinas" y reprobó que el diputado Cuauhtémoc Sandoval haya subido a la página de Internet de su bancada, un documento en contra de Ortega, aunque aclaró que casi se pidió que fuera quitado.
Y mientras los perredistas tratan de que las aguas no se salgan de madre, el PRI y el PAN se frotan las manos la espera de capitalizar el canibalismo perredista mal llamado democracia, a juzgar por los resultados de sus últimas elecciones.
A ver si les funciona el dichoso pacto -y a ver cuánto aguantan-.
